La aristocracia inesperada

La realidad social española es una caja de sorpresas permanente; el último descubrimiento tiene que ver con la muy alta consideración que tienen respecto de su desempeño profesional los jueces y fiscales de nuestro país, cuyas asociaciones gremiales han experimentado un ataque de potestas por la respuesta ciudadana ante la sentencia de La Manada, en palabras de Elisa Beni.
En un país en el que los medios independientes están contribuyendo a extender la conciencia crítica entre la ciudadanía parece que vamos aceptando que se censure a la clase política cuando recorta nuestros derechos o se corrompe, a la patronal cuando se aprovecha de las circunstancias económicas e ideológicas para abusar de los trabajadores, a los banqueros por estafar y haber provocado un saqueo de las arcas públicas, a las corporaciones de la energía por arruinar el futuro energético de nuestro país y el medio ambiente, a los grandes grupos mediáticos por los conflictos de intereses con los conglomerados económicos que los respaldan, a la policía cuando emplea la fuerza contra las personas con desmesura, a los docentes por no estar a la altura de las exigencias del siglo XXI, a los pilotos por dejar sin vacaciones a tantas personas en aras de una mejora de sus excelentes condiciones laborales, … pero ojo, mucho cuidado con criticar a los señores magistrados. A ver si dictar una sentencia que desprotege de hecho a las mujeres, que las acorrala en los portales, con un voto particular que no voy a adjetivar para no dañar la dignidad de sus señorías, va a ser un motivo para que la ciudadanía ejerza el derecho a la libertad de expresión y diga públicamente lo que opina de la sentencia. Hasta aquí podíamos llegar. Y ya en el colmo del despropósito hay medios internacionales que se atreven a cuestionar el fallo o instituciones como el Consejo de Europa que sitúan a España a la cola de la lucha por la independencia de la justicia.

Intentando encontrar una explicación para tanta osadía se pregunta uno si tendrán algo que ver la politización de los mecanismos para la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional desde 1985,  o la pasión por los viajes y otras culturas a cargo del erario público de Carlos Dívar, uno de nuestros Presidentes del Tribunal Supremo, o haber tenido un Fiscal anticorrupción sospechoso de corrupción, o la expulsión del juez Baltasar Garzón de la carrera judicial, o que se tenga noticia de que una magistrada alertó al entorno de un investigado de que era sujeto de intervenciones telefónicas judiciales bajo secreto, o el oportuno traslado del juez Pablo Ruz durante la instrucción de sumarios muy incómodos para el poder político, o la jubilación de José Castro, el juez que se ensañaba contra la Infanta Cristina, o las sentencias del juez Llarena en el caso Puigdemont y la divergencia de criterio manifiesta de la justicia alemana al valorar los posibles delitos,  …
Creo que esta actitud aristocrática, que pretende situar las decisiones judiciales por encima del bien y del mal, no ayuda a generar confianza en una institución clave para el funcionamiento democrático. Sí lo hacen afortunadamente esa gran mayoría de jueces y fiscales que hacen su trabajo con honestidad a diario, y a menudo con muy escasos recursos; y esa mayoría de políticos que sí representa a la ciudadanía; y esa gran mayoría de docentes que se enfrenta cada día a los retos que le plantea el mundo en que vivimos, y ese periodismo independiente que desenmascara tantos atropellos vengan de donde vengan.
La denuncia pública es el único recurso que nos queda mientras llegan las elecciones.

(Imagen tomada de Wikimedia)

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